Faro de Vigo/E. OCAMPO/ AGENCIAS - VIGO/ MADRID.- En una entrevista, explicó que el objetivo de su organismo es que la legislación respecto al aborto vuelva a "un sistema de supuestos" anterior a la actual ley de plazos, si bien revisando "algunos aspectos" que ya estaban vigentes en años anteriores.
De hecho, el supuesto de anomalías fetales que marca la actual regulación –de 2010–, y que también recogía el sistema anterior –de 1985–, será uno de los que se revise en la reforma de la ley del aborto que prepara.
El ministro ha destacado el caso de "desprotección al concebido" por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o malformación, un supuesto "éticamente inconcebible con el que se ha estado conviviendo durante tanto tiempo". "Creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos", ha señalado. Ruiz-Gallardón ha explicado su objetivo, atendiendo a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en este apartado.
Las reacciones no se han hecho esperar: En un comunicado, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié aseguró que la medida supone la "amenaza de una penalización total" que nos retrotrae "a la clandestinidad y la inseguridad sanitaria y jurídica". Para la dirigente socialista, con esta medida el Gobierno "busca el aplauso ultraconservador atacando a las mujeres y actuando contra lo que piensa la mayoría de los ciudadanos".

El diputado de IU Gaspar Llamazares consideró el anuncio de Gallardón como una muestra de "populismo penal" con la que se convierte en "el ariete del fundamentalismo religioso". En su cuenta en la red social Twitter, Llamazares considera que el anuncio de Gallardón trata de ocultar el "asalto" al estado social y presupone la eliminación del consejo genético en las prestaciones sanitarias.
También la portavoz del BNG en el Parlamento gallego, Ana Pontón, ha criticado las pretensiones del ministro de Justicia, ya que sitúa al país en una "legislación propia del franquismo", en un acto político en Padrón.
Sin embargo, la secretaria de Educación e Igualdad del PP y portavoz del Congreso, Sandra Moneo, aseguró que "la defensa de los más débiles es una ampliación de derechos". "Una sociedad más justa y solidaria es la que dedica el máximo de sus esfuerzos a proteger los derechos de los más débiles, y en este caso, el más débil es el no nacido y, dentro de ellos, los que puedan presentar alguna minusvalía o discapacidad", afirma. En este sentido, destaca que "no hay ninguna normativa internacional que defienda la existencia de vidas de primera y de segunda" tal y como contempla la ley del aborto socialista. "El PSOE sigue estancado en un discurso del siglo pasado", apuntó.
Entre los que han recibido con un aplauso la medida está el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), por tratarse de una actuación "contraria a los derechos humanos". Según esta asociación, el aborto eugenésico "parte de la premisa" de que la vida de las personas con discapacidad es "menos valiosa que la del resto, y por este motivo se le puede aplicar un trato desigual, que encierra una clara discriminación".
Desde la postura contraria, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública tampoco dejó pasar la ocasión para expresar su no rotundo a la medida: "Esta medida supondría un gravísimo atentado contra la libertad de las mujeres a las que se les obligaría, contra su voluntad, a mantener embarazos a pesar de que las pruebas y revisiones médicas demuestren graves taras e malformaciones en los fetos". "Crearía un gravísimo problema de salud para muchas mujeres que tendrían que salir al extranjero para interrumpir sus embarazos con problemas o hacerlo de forma clandestina, sin las debidas garantías sanitarias. Y afectaría a las mujeres con menos recursos socioeconómicos.