EL PAÍS.- La compañía explicó en un comunicado que ha revisado su política a raíz de "algunos cambios recientes en la legislación española". En el mismo texto añaden que la compañía trata de adaptar su normativa publicitaria a la "sensibilidad cultural de cada país", además de a criterios de negocio y legales.

El pasado mes de mayo, una treintena de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo y de planificación familiar se quejaron públicamente de que el buscador vetaba sus anuncios porque entendían que podían plantear problemas legales. El aborto en España era delito, aunque estuviera despenalizado en varios supuestos, pero las clínicas sostenían que tras la aprobación de la nueva ley de interrupción del embarazo que entró en vigor a primeros de julio y con la que el aborto ha dejado de ser delito, ese veto no tendría sentido.