El País.- El alto tribunal debe decidir ahora sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y el Gobierno de Navarra contra esta regulación, que entró en vigor el pasado 5 de julio, lo que tardará meses o, visto el precedente del Estatuto catalán, incluso años.

El Constitucional sigue, como se preveía, el precedente marcado por el caso de los papeles de Salamanca. En aquel sumario, como en este, el tribunal entiende que las leyes no permiten suspender normas del Estado aprobadas en las Cortes impugnadas por un tercero, ya que se trata de un acto que va contra la voluntad popular. Sí cabe la suspensión si el Estado central recurre normas autonómicas.

La mayoría de los magistrados que rechazó la suspensión no entró en el fondo del asunto -la constitucionalidad de una ley de plazos para el aborto- sino que se limitó a aplicar esta doctrina. Sin embargo, cinco miembros votaron contra esa decisión. Cuatro de ellos anunciaron votos particulares, con el argumento de que con carácter excepcional, dada la repercusión de la ley, cabía paralizarla. Los votos particulares son los de Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas, considerados conservadores, y Eugeni Gay, nombrado a propuesta de los socialistas. El otro voto en contra, sin voto particular por el momento, fue del vicepresidente, Guillermo Jiménez. Este resultado hace prever una dura pugna ideológica en el seno del tribunal.

El responsable del área jurídica del PP y uno de los mayores impulsores del recurso popular contra la ley, Federico Trillo, lamentó ayer la resolución del Constitucional pero se mostró esperanzado sobre un futuro fallo que tumbe la norma. Este partido había solicitado la suspensión de la ley mientras el Constitucional decidía sobre su recurso -en realidad pretendían que ni siquiera entrase en vigor- porque su aplicación podía provocar "daños irreparables" si, después, este tribunal, fallaba a su favor. El diputado -que solicitó al tribunal que tomase su decisión sobre los recursos cuanto antes para evitar que los "prejuicios" de aplicar la ley se alarguen- dijo a Europa Press que el tema puede provocar en el alto tribunal "un debate tan enconado como fructífero".

Sin embargo, no serán los mismos magistrados, previsiblemente, los que decidan sobre la constitucionalidad de la norma. Este tribunal tiene pendiente una renovación atascada desde final de 2007, pero un nuevo intento de desbloqueo está ya en marcha.

El PP basa su recurso en ocho puntos que inciden en el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la información "conforme a sus convicciones" -en alusión a la educación sexual-; y, sobre todo, en una sentencia de 1985 del mismo tribunal que señalaba al nasciturus (el no nacido) como un "bien jurídicamente protegido". El PP sostiene que la nueva norma desprotege al no nacido.

Con la resolución de ayer las comunidades contrarias a la ley pierden uno de sus argumentos para no aplicarla. Ya no hay por qué esperar una suspensión. Murcia llegó a decir que no acataría la ley. Dos días después, tras una consulta al Consejo General del Poder Judicial, rectificó. El Gobierno de Navarra (UPN), que también aguarda el dictamen a su recurso, en este caso por invasión de competencias, reiteró ayer que seguirá sin practicar abortos, como hasta ahora.