El País.- Tres de las cuatro capitales catalanas (Lleida lo hizo el 28 de mayo) ya han vetado el velo integral en sus instalaciones, mientras Girona rechazó ayer una moción del PP que instaba a extender la prohibición a la calle.

Tras más de un mes de debate, los partidos han ido definiendo su posición. El PP y la xenófoba Plataforma per Catalunya abogan por la prohibición del burka también en la calle y la líder popular, Alicia Sánchez Camacho, presentó en el Senado una propuesta en este sentido. CiU, por su parte, ha radicalizado su propuesta hasta proponer el veto desde el Gobierno catalán del velo integral en instalaciones públicas. Duran i Lleida se mostró partidario de incluir este punto en el programa electoral, mientras la coalición estudia si puede hacerlo en la vía pública.

En el otro extremo, los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya (ICV) se oponen a cualquier restricción. Mientras, PSC y ERC no han logrado que sus diputados y concejales defiendan una posición única.

Sin esperar a su partido, el alcalde socialista de Barcelona, Jordi Hereu, anunció ayer por sorpresa que prohibirá por decreto el uso del burka en las instalaciones municipales como oficinas de atención al ciudadano, centros sociales y mercados. Hereu ha adoptado la medida, a diferencia de otros Ayuntamientos, sin someter al pleno una moción centrada en las prendas tradicionales musulmanas. Lo ha hecho con una orden para que todas sus dependencias cambien los reglamentos y veten el acceso a quien lleve la cara tapada. Hereu esgrimió "razones de seguridad y de sentido común" y evitó relacionarlo con cualquier motivo religioso. ERC criticó la decisión por precipitada.

El decreto se hará público en los próximos días y aún no está decidido si incluirá las palabras burka o niqab. Cada instalación tendrá que reformar sus reglamentos de acceso para equipararlos con los del Museo Picasso, por ejemplo, donde ya está prohibido entrar con burka por seguridad. Hereu explicó que la medida se toma tras un análisis de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que concluyen que la regulación del velo integral en la calle es competencia autonómica y estatal.

En Tarragona, el veto se aprobó tras un frenético cruce de mociones que culminó en una propuesta conjunta del PSC, en el equipo de gobierno, y CiU, primer grupo de la oposición. El PP, que lanzó el debate al plantear la prohibición en la vía pública, se adhirió al texto aprobado tras ver rechazado el suyo. La batería de propuestas se completó con otra de ERC, que fracasó, que expresaba el rechazo al velo integral pero censuraba el uso "oportunista y demagógico" de la inmigración.

La discusión puso de manifiesto las contradicciones que van generando los debates para vetar el burka. CiU se mostró en Tarragona muy crítica con el PP por iniciar un "debate irresponsable y artificial", pero en Reus, a solo 14 kilómetros, ha presentado una moción similar que será votada el próximo viernes. La artillería de mayor calado, sin embargo, la lanzó el PSC, que reprochó a los populares "abrir un conflicto" en el municipio. Los populares se desgañitaron en protesta y la sesión solo prosiguió cuando se ordenó cortar el micrófono al portavoz popular. El PP no se arrugó con las críticas. "Hemos avanzado: desde hoy está prohibido el burka en los edificios públicos de Tarragona", celebró el portavoz del grupo, Alejandro Fernández. "Mañana se prohibirá también en la calle. Tarde o temprano, ese día llegará", añadió desafiante.

En Girona, la propuesta lanzada por el PP quedó rechazada pese a obtener aquí también el apoyo de CiU. El tripartito en el Gobierno local (PSC, ERC e ICV), rechazó la medida señalando que se trataba de una problemática "inexistente". Los populares acusaron al resto de formaciones de hipocresía por tumbar lo que esas mismas formaciones impulsaban en otras localidades. "Somos libres de votar en cada municipio según nos parezca", resolvió el grupo socialista.

La decisión de los Ayuntamientos catalanes fue rechazada por organizaciones como SOS Racismo, que criticó el "falso debate que no responde a una preocupación social real". La Unión de Centros Islámicos de Cataluña sostuvo que las nuevas normativas entorpecen la convivencia.