El Pais.- El suceso ocurrió el 22 de octubre del año pasado, cuando las dos niñas se subieron por la tarde al autobús que les llevaba a sus casas. Dos de sus compañeros empezaron a gritar "¡Vamos, a por las dos!". Nueve chicos las rodearon y las inmovilizaron. Una de ellas intentó zafarse de sus atacantes, pero, al igual que a su compañera, la cogieron de las muñecas y los tobillos. Impidieron que se moviera, mientras era sometida a todo tipo de tocamientos ante la pasividad del conductor, un guardia civil fuera de servicio.

Los padres de las dos menores denunciaron los hechos ante la Guardia Civil, que determinó que habían participado en la agresión nueve chavales. Como cinco de ellos no tienen aún los 14 años, no pudieron ser juzgados por los hechos.Los otro cuatro agresores, mayores de 14 años, fueron ayer a la Fiscalía de Menores. Según fuentes judiciales, reconocieron los abusos a sus compañeras de instituto. De esta forma, evitaban ir a juicio. Eso sí, no pidieron perdón a las dos niñas.

La Fiscalía de Menores ha impuesto como medida el que acudan a terapia socioeducativa durante 10 meses, donde recibirán cursillos para que no repitan ninguna agresión. Los padres estaban indignados porque los inductores de la agresión, al tener 13 años, no pueden ser condenados. "¿Cómo es posible que la Ley del Menor les proteja de ese modo?", afirmaba José Manuel, padre de una de las niñas.

Los familiares de las niñas reconocen que han aceptado las medidas de la fiscalía para evitar que sus hijas pasen por juicio. Así no tendrán que recordar en público las vejaciones que sufrieron. "Es preferible pasar página y que las niñas no tengan que recordarlo de nuevo", añadió José Manuel.

Una de las niñas abandonó el instituto Atenea y fue trasladada a un centro concertado, por el que sus padres pagan 200 euros al mes. Sin embargo, la otra continúa sus estudios en el mismo instituto, por lo que tiene que ver todos los días a algunos de los agresores. Ambas están recibiendo atención psicológica desde que se produjo el incidente.

El que está pendiente por juzgar es el conductor del autobús, un guardia civil de 54 años. Cuando se conoció la agresión fue retirado del servicio de manera cautelar. Ahora sigue trabajando. El pasado 21 de enero se ratificó en su declaración inicial de que no había escuchado ni visto nada.